El potencial de la inteligencia artificial (IA) en la sociedad será el factor determinante para la era actual, su uso potenciará la productividad, incrementará la efectividad y en muchos aspectos liberará la creatividad.

Según McKinsey & Company, actualmente la adopción de soluciones IA a nivel mundial es 2.5 veces más alta que hace 5 años. Además, la consultora resalta que la IA generativa podría agregar el equivalente entre USD 2.6 billones a USD 4.4 billones anuales en valor a la economía global.

Sin embargo, a nivel mundial aún no existe una norma que regule su aplicación con un rango de ley de aplicación nacional. En este contexto, el pasado 5 de julio, el Congreso de la República del Perú aprobó la ley Nº 31814: “ley que promueve el uso de la inteligencia artificial en favor del desarrollo económico y social del país” o, como estoy seguro será denominada, “La ley IA” con el explícito propósito de fomentar el desarrollo económico y social del país, privilegiando a la persona y el respeto de los derechos humanos.

En esencia, un paso hacia adelante para un ecosistema saludable ya que dotará un marco regulatorio que establezca claras reglas de juego para las empresas de tecnología, así como las exigencias que deberán cumplir las organizaciones que la implementen en el territorio nacional. Sin embargo, el texto aún no tiene disposiciones en concreto y se espera que el reglamento sea aprobado por el Ejecutivo en 90 días hábiles, es decir, hacia fines de noviembre.

Esto pone a Perú por detrás de la Unión Europea (UE), que actualmente trabaja en una normativa para regular el uso de la IA en su territorio. Aunque son realidades distintas, el espíritu de la norma parece ser el mismo: frenar potenciales excesos en su uso, apelando a una aplicación ética, sostenible, transparente, replicable y responsable. Si la UE tiene éxito, podría establecer un nuevo estándar mundial para la aplicación práctica de la IA.

Hasta el momento, el texto preliminar de la Ley de IA en la UE ha sido aprobado con una mayoría amplia —84 votos a favor, siete en contra y 12 abstenciones— en una sesión conjunta de las comisiones de Libertades Civiles y Mercado Interior el pasado 14 de junio. Ahora, esta versión se revisará con el Consejo de la Unión Europea y sus estados miembros antes de convertirse oficialmente en una ley aplicable.

A diferencia de la naciente norma peruana, su contraparte europea ya tiene claros puntos establecidos y se enfoca en prohibir la vigilancia biométrica, el reconocimiento de emociones por IA, así como la aplicación de sistemas policiales predictivos. Además, las IA generativas tendrían requerimientos adicionales de transparencia para evitar conflictos con apropiación de propiedad intelectual ya que se deberá conocer los datos con los que están entrenando a sus modelos.

Como toda norma sobre algo tan novedoso, ha despertado opiniones polarizadas ya que tanto la norma de la UE como la de Perú, podrían resultar excesivamente prohibitivas y sofocar todo su potencial, así como podrían ser muy laxas y dejar la puerta abierta para atropello a derechos de autoría, seguridad y privacidad, sin mencionar el impacto en el mercado laboral.

La clave será la participación conjunta y transparente entre las empresas de tecnología, gremios empresariales y los legisladores para que la naciente norma pueda ser elaborada en base a un claro conocimiento del tema, el impacto local de su aplicación y se busque el máximo beneficio nacional sin vulnerar los derechos fundamentales de las personas que siempre deben ser un fin y no un medio.