La Asociación Nacional de Anunciantes (ANDA) advierte a la comunidad sobre una medida nociva que se pretende aprobar en el Congreso, la cual puede crear trabas innecesarias al comercio y generar incentivos perversos para abusos y proselitismo político.
Se ha presentado, en el Parlamento, el Proyecto de Ley 2183/2017-CR, que dispone que el Ministerio del Interior vuelva a fiscalizar las promociones comerciales que realizan las empresas privadas (sorteos, rifas, entre otros) y a confiscar los premios no reclamados.
Estas funciones fueron eliminadas en 2016, debido a que ya existe una institución del Estado, Indecopi, que se encarga de establecer sanciones en el caso de que se vulneren los derechos de los consumidores.
Cabe mencionar que la Oficina Nacional de Gobierno Interior (ONAGI), encargada de supervisar estas funciones, cobró notoriedad en 2012 cuando se descubrió que los bienes embargados eran utilizados con fines políticos o personales.
Además de generar incentivos perversos, el proyecto crea trabas y costos innecesarios al duplicar e interferir con una supervisión ya existente, en manos del Indecopi. Asimismo, y de forma no menos importante, distrae la atención del Ministerio del Interior de tareas fundamentales como mejorar la seguridad ciudadana.
Invocamos a los congresistas tener en consideración los efectos negativos de esta iniciativa.
